La concejal delegada de Hacienda, Economía y Patrimonio, María Solanes, ha informado de que ha sido aprobado en el Pleno por unanimidad el expediente de solicitud para la clausura del Parking Escalinata, en cumplimiento de la sentencia dictada por los tribunales.
“Tras esta aprobación por parte de todos los grupos políticos municipales podemos, al menos en parte, poner fin a una situación indeseable y salpicada de complejos litigios que ha atravesado diversos mandatos desde principios de este siglo, y que ha afectado a gobiernos municipales de diferente color político” ha manifestado Solanes, que ha asegurado que “la ciudadanía espera que tomemos decisiones siempre en virtud del interés general, por eso, este Equipo de Gobierno ha asumido esta responsabilidad desde la transparencia, lealtad y el más estricto cumplimiento de la ley”.
En este sentido, ha explicado que hace 15 años el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez desestimando los recursos interpuestos por la concesionaria Nautagest y nuestro servicio jurídico. Tras lo cual, el propio Tribunal Supremo, en dos ocasiones, estableció que el Plan de Movilidad aprobado para legalizar el parking debía ser expulsado del Ordenamiento Jurídico, lo que lo dejó sin cobertura legal, y dio pie a que el Tribunal superior de Justicia de Sevilla dictase una orden de derribo. “Este equipo de gobierno agotó cuántas posibilidades procesales estaban en su mano para revertirla, incluso acudiendo al Tribunal Constitucional y solicitando que el derribo fuera solo parcial, para preservar la integridad estructural de las edificaciones colindantes, pero la resolución fue inflexible, por lo que se deberá ejecutar el derribo total del parking” ha asegurado.
Además, ha recordado que “ninguno de los integrantes de este Equipo de Gobierno, incluido el alcalde, por mucho que algunos se empeñen, ha estado implicado en la aprobación de las políticas relativas a la adjudicación de la Escalinata o a la concesión de explotación del parking a Nautagest. El gobierno socialista tuvo la oportunidad de arreglarlo, y sin embargo, se limitaron a llevar adelante un desastroso Plan de Movilidad que pretendía dar cobertura legal a este despropósito y dar luz verde a la construcción de 4 plantas de oficinas en una de sus fachadas” y ha asegurado que “este es el primer paso para que podamos empezar a pasar página en uno de los episodios más lamentables de la historia reciente de Algeciras”.
